Los efectos económicos de la pandemia han sido devastadores. Durante 2020, el PIB de Chile cayó 5,8%, la disminución más grande desde la crisis de la deuda. Desde marzo, y después de haber soportado el primer shock del estallido social, el mercado laboral se vio profundamente afectado. En el momento más álgido de la pandemia, se llegaron a perder 1,8 millones de puestos de trabajo y, al momento de escribir esta columna, 925 mil compatriotas dispuestos a trabajar no encontraban un empleo.

En este contexto, y adicionales a las medidas implementadas por el gobierno (que ha movilizado recursos por más de US$30.000 millones, de los cuales más de US$8.000 millones corresponde a gasto fiscal ejecutado) se han discutido y aprobado dos proyectos que permiten a los afiliados del sistema de pensiones hacer retiros con cargo a sus fondos. Estas medidas se han denominado “retiros del 10%”, pero la verdad es que, en realidad, permiten a una porción mayoritaria de afiliados retirar mucho más que un 10%. Es más, hasta el momento, casi 3 millones de personas han retirado el 100% de sus ahorros, causando que, en Chile, más de 4 millones tengan saldo cero en sus fondos previsionales. Lo anterior, con este sistema u otro, tendrá impactos significativos en las pensiones que podremos pagar en algunas décadas a nuestros adultos mayores. Insisto, con este sistema u otro.

Así es como, ya a un año de haber comenzado los efectos adversos del covid 19 en nuestro país, aparece un proyecto de ley que permitiría un tercer retiro. Dentro de los motivos esgrimidos, está el poder seguir permitiendo que los más vulnerables y la clase media solventen sus gastos en este periodo en el que la movilidad vuelve a estar tremendamente restringida. Yo creo que ningún lector podría oponerse a una motivación como esa, especialmente porque muchos podrían estar viviendo una situación similar. Sin embargo, independiente de la intención, ¿es la herramienta la adecuada?

La respuesta que uno obtiene mirando los datos es mayoritariamente negativa. Es cierto que puede haber casos especiales en los que si se cumple el objetivo (la poca desagregación de los datos públicos nos impide realizar dicho análisis), pero para la gran mayoría de los posibles beneficiados los montos a retirar serian menores o simplemente no habría nada para retirar. En términos etarios, en aquellos sin ahorros predominan los menores de 35 años, debido a el poco tiempo que llevan ahorrando y también por los menores salarios. Pero también hay personas mayores, afectadas por las lagunas (en particular mujeres), bajos salarios y poca formalidad en sus empleos. ¿Coinciden estas características con nuestros compatriotas de menores ingresos? Lamentablemente la respuesta es sí. Por lo tanto, los retiros serán dirigidos principalmente a las personas con más ahorros, con más densidad de cotizaciones y con mejores salarios.

En la evaluación de las políticas públicas es importante separar las motivaciones de las herramientas utilizadas para su consecución. No hay nada peor que enamorarse de los instrumentos (o utilizarlos con otras motivaciones, como puede ser acabar con el sistema de AFPs), porque eso nos puede llevar a dejar de resolver el problema original. Ojalá nuestros congresistas lo comprendan.

Nathan Pincheira 

Economista Jefe de Fynsa