Durante el último tiempo hemos centrado nuestros análisis en los efectos que las políticas emanadas desde el congreso, en mayor medida, y del ejecutivo, han tenido en los activos locales, en la inflación y sobre el tipo de cambio. Desde la ejecución de tres retiros desde los fondos de pensiones hasta la reciente extensión del IFE no sólo ha bajado el nivel de ahorro nacional de la economía, sino que también se ha incrementado la deuda, los compromisos con el exterior y la carga financiera futura referida al pago de intereses. En resumen, esto ha derivado en alzas de las tasas de interés, principalmente de largo plazo, no coincidentes con lo que ha ocurrido internacionalmente, mientras que el tipo de cambio se ha depreciado idiosincráticamente (como gusta llamarle al Central), lo que significa que el peso no solamente vale menos frente al dólar, sino también frente a la mayoría de las monedas, incluso las emergentes.

En ese sentido, la discusión sobre el cuarto retiro sigue focalizando la mirada de los inversionistas, considerando las diversas advertencias que se vienen realizando desde la primera descapitalización por parte del Banco Central y otros actores, pero me da la sensación de que no se miraba mucho lo que iba a comprender el Presupuesto de la Nación para el año 2022, a mi gusto, probablemente igual o más importante que lo que podría pasar con un nuevo retiro. ¿Por qué? Básicamente porque iba a poner a prueba la capacidad de la política fiscal de asumir que 2021 fue un año excepcional, pero que las transferencias eran transitorias y, una vez dejado atrás lo más difícil de la pandemia, aquellas iban a cesar. Si ello no ocurría, se corría el riesgo de entrar en un espiral de crecimiento de la deuda pública que se hiciera insostenible en el mediano plazo, ya que la capacidad financiera del país está bastante comprometida.

De esta manera, se presentaron los principales lineamientos del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación para el año 2022, el que fue recientemente ingresado para trámite legislativo. Si bien aún no contamos con los detalles de él, el grueso de lo que se expuso nos parece si se compromete con la responsabilidad fiscal hacia adelante. Según los supuestos de DIPRES (que conoceremos la próxima semana), el erario nacional alcanzaría US$82.135 millones, un 3,7% real de incremento respecto a la Ley aprobada de 2021. ¿Pero Nathan, no decías tú que el Presupuesto en 2022 tenía que CAER sobre el 20% real para mostrar algún compromiso con la responsabilidad fiscal? Bueno, así es, y es lo que sucede si es que comparamos el proyecto con lo que sería el Presupuesto EJECUTADO en 2021 (un “tantito” mayor a lo aprobado inicialmente), mostrando una disminución de 22,5% frente a éste. Así, el déficit efectivo proyectado para el próximo año llegaría a 2,8% del PIB, bastante menor que el 7,3% y 7,1% de 2020 y 2021 (estimado), respectivamente. Aunque es 0,9 pp mayor a lo proyectado en el último Informe de Finanzas Públicas, si cumple con la convergencia al déficit estructural para 2022, de 3,8%. Así, la deuda subiría hasta casi un 37% del PIB, por sobre el casi 35% en el que cerraría el presente año. ¿Será este el fin del aumento de la deuda? No. Incluso bajo los supuestos de convergencia y responsabilidad fiscal, la deuda se empinaría hasta 38,6% del PIB en 2024, para luego comenzar a disminuir levemente. Sin embargo, insisto, esto exige el cumplimiento de criterios bastante estrictos sobre el crecimiento del gasto, lo que estará bajo la decisión de un nuevo gobierno.

Por lo tanto, por lo menos en el papel la noticia es alentadora. Ahora, veremos cómo marcha la discusión en el Congreso y si nuestros parlamentarios son capaces de legislar mirando el bienestar de mediano y largo plazo, y no sólo el necesario para ganar un par de votos a fin de año.

 

Nathan Pincheira 

Economista Jefe de Fynsa

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