El debate de los últimos días ha estado centrado, en diferentes aristas, en el sistema de pensiones. Hoy son dos los proyectos de ley que se discuten en el parlamento relacionados con éste: el llamado “cuarto retiro” y la ley corta de pensiones. En ambos, hemos escuchado gran cantidad de argumentos, los cuales en muchas oportunidades seguramente provocaron dolores de cabeza e incredulidad a quienes conocen algo de los sistemas de seguridad social.

Habiendo muchos, me gustaría referirme hoy al concepto del ahorro obligatorio. En la discusión de la ley corta de pensiones, escuché a una diputada referirse negativamente a éste, ya que era “una apropiación indebida de los salarios de las y los trabajadores de Chile”. Este argumento también se ha utilizado por una parte de la ciudadanía, bajo el precepto de que, si “la plata es mía, puedo hacer lo que quiero con ella”. Lo curioso es que, eliminar el ahorro forzoso es no querer un sistema de seguridad social, pensando que las personas por si solas son capaces de hacerse responsables por su futuro y sus decisiones (obteniendo sus beneficios, pero también pagando los costos). O sea, el más libre de los sistemas de libre mercado, sin intervenciones, sin regulaciones: laissez faire puro y duro.

Sin embargo, por diferentes motivos, las personas no ahorran voluntariamente lo suficiente como para hacerse cargo de sus años dorados. Se ha demostrado, tanto bajo preceptos de la economía tradicional como de la conductual, que debido a nuestra inconsistencia para valorar el futuro frente al presente (el lunes empiezo la dieta, hasta que es lunes), no destinamos a ahorro los recursos que nuestros yo del futuro requerirán para financiar su consumo. Además, enfrentamos diversos riesgos, como el económico, el de longevidad, el de comportamiento, etc. Por lo tanto, en general, los ciudadanos sub ahorran para su vejez. Podríamos pensar que es su problema, que tienen que hacerse cargo de sus decisiones, pero como sociedad hemos decidido que no queremos aquello y que, de alguna u otra manera, todos debemos hacernos cargo de ciertas necesidades de los jubilados. De hecho, si no es financiando una pensión, es financiando sistemas de salud, de vivienda, de asistencia, etc. O sea, al final del día, alguien distinto a quienes tomaron la decisión privada terminan pagando parte de esa decisión: El Estado. Y El Estado somos todos nosotros y se financia con nuestros impuestos.

Así, en el siglo XIX, en Alemania, nace el primer sistema de seguridad social como tal, a pesar de que desde los inicios del hombre han existido diversos sistemas de asistencia a aquellos que superan su edad productiva. El Canciller Otto von Bismarck, en 1881, creó un seguro en forma de rentas que se pagaba ante enfermedad o vejez, lo que, curiosamente, fue instaurado para aplacar las demandas sociales de los sindicatos y detener el avance de las ideas marxistas. De ahí, hemos desarrollado diferentes maneras de hacernos cargo de las pensiones, los que van desde los sistemas de reparto puros a los de capitalización individual. En los primeros, las pensiones se financian con cargo a los fondos generales de la nación, que provienen del cobro de impuestos. Yo no sé ustedes, pero no conozco impuestos voluntarios. Los segundos, dependen de las contribuciones obligatorias que cada trabajador realiza a su mismo fondo, que es administrado por un tercero.

Si se fijan, sin mostrar preferencia por algún u otro sistema y simplemente bajo la premisa de que queremos un sistema de seguridad social (porque, ojo, podríamos no quererlo), las contribuciones deben ser obligatorias ya que como personas sub ahorramos, enfrentamos riesgos y, muchas veces, carecemos de incentivos para hacerlo voluntariamente. Por lo tanto, ya sea porque hay un contrato social intergeneracional o porque tiene que cotizar en una cuenta para su vejez (y sólo para esto), el ahorro en cualquier sistema de pensiones debe ser obligatorio.

Nathan Pincheira 

Economista Jefe de Fynsa

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