Joe Biden dio a conocer un ambicioso programa de inversión en infraestructura pública proponiendo alrededor de US$ 1,7 Trillion/ 10 años en inversión en capital físico e I + D. Otros US$ 500 bn se destinarían a incentivos para la fuerza laboral y beneficios de Medicaid.

El plan representa un cambio filosófico importante en la política económica de Estados Unidos. Después de décadas en las que el gobierno de EE.UU. permitió ampliamente que el mercado asignara recursos, la administración de Biden ha decidido que no todo el crecimiento y las ganancias son iguales. En los próximos años, dirigirá la contratación pública, las subvenciones a la investigación y el desarrollo, la inversión directa y los créditos fiscales. Su objetivo es recompensar a las industrias que crean empleos en el país, apoyar la fabricación de EE.UU., mantener el liderazgo tecnológico de EE.UU. sobre China, reducir las emisiones de carbono y mejorar el nivel de vida de los desfavorecidos. 

Gran parte del gasto implicará inversiones para mejorar la infraestructura convencional, como carreteras, puentes, sistemas de transporte público y vías fluviales. Estos proyectos ” shovel-ready ” han sido un remedio probado para las recesiones desde el New Deal de la década de 1930, ya que el gasto puede impulsar rápidamente la demanda agregada y generar empleos domésticos a prueba de subcontratación, mientras que, a largo plazo, pueden mejorar la productividad. El plan de gastos de Biden también exige inversiones en investigación y desarrollo en semiconductores, baterías y tecnología de banda ancha, áreas en las que Estados Unidos enfrenta una feroz competencia de China.

Según el plan, el gasto se distribuirá durante el resto de la década y se pagará durante más de 15 años elevando la tasa del impuesto de sociedades del 21% al 28%.  Cada punto porcentual de aumento de la tasa de impuestos corporativos aumentaría un poco más de US$ 100 bn en diez años en ingresos fiscales, por lo que esta propuesta recaudaría entre US$$ 700-800 bn en ese lapso.

El plan también propone aumentar la tasa impositiva efectiva sobre Global Intangible Low Tax Income (GILTI) al 21% desde una tasa efectiva del 10,5% actual, mover el sistema a una base de país por país que evitaría que las empresas utilicen créditos fiscales de jurisdicciones de impuestos elevados para compensar las ganancias de GILTI en jurisdicciones de impuestos bajos.

Si bien, los mayores impuestos pueden afectar las ganancias corporativas, el efecto no debe exagerarse. El aumento propuesto en la tasa del impuesto corporativo del 21% al 28% (las negociaciones en el congreso podrían terminar acotando ese número), es solo una reversión parcial del recorte de impuestos de 2017 de Trump, que redujo la tasa del 35% al ​​21%. Por lo demás, el plan infraestructura agregaría 1,6% al PIB de Estados Unidos para 2024, poniendo un sesgo al alza al crecimiento de utilidades de consenso.

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