El mundo se encuentra en recuperación. Sin duda que las cifras recientes nos muestran aquello, mezcla de bajas bases de comparación, pero también por impulsos que provienen desde el sector privado, apoyados por los inéditos estímulos fiscales y monetarios aplicados por las autoridades. Sin embargo, y como no podía ser la excepción, existe una recuperación heterogénea entre los países de altos ingresos y aquellos subdesarrollados, principalmente por la situación sanitaria y el avance de los procesos de vacunación, pero también por diferencias de base existentes antes de declarada la pandemia. Es más, dentro de los países emergentes (dentro de los desarrollados también, ojo) también hay desigualdades en la recuperación entre sectores, con una parte de la población que casi no ha sufrido los embates de la recesión, mientras que otros probablemente sufrirán las cicatrices mucho después de ésta acabe.

En este contexto, nuestro país no es la excepción. Los datos de crecimiento en el margen son alentadores, aunque como escribimos en nuestra columna anterior, todavía con varios sectores al debe. El mercado laboral, sobre todo, tardará en recuperarse y, tal vez, nunca lo haga del todo tal como lo conocemos hasta ahora. En un informe publicado hace poco, la OECD estima que el mercado del trabajo local será uno de los que más tardará en volver a niveles pre pandemia, recuperándose sólo hacia 2023. Y dentro de éste, los trabajadores menos capacitados, con empleos transitorios, más jóvenes, mujeres y sujetos a automatización, probablemente enfrenten cambios estructurales que signifiquen que no podrán ser fácilmente reubicados en otros sectores, requiriendo ayudas del gobierno o programas estatales que faciliten la reconversión o, lisa y llanamente, transferencias directas.

Menciono esto porque recientemente conocimos los resultados de la encuesta CASEN. Quizás eclipsada por los procesos políticos que Chile enfrenta en estos momentos, a mi parecer no concitó el interés que sus resultados debiesen haber significado. Sin querer entrar en explicaciones metodológicas (que las hay para considerar la compatibilidad con ediciones anteriores), la tasa de pobreza en el país subió desde 8,6% en 2017 a 10,8% en 2020, lo que alcanzaría a más de 2,1 millones de personas. De éstos, poco más de 830 mil, un 4,3%, vive en extrema pobreza. Es decir, sus ingresos, en un hogar de cuatro personas, no supera los $306.355. Para un hogar de dos, $188.584. Por lo menos a mí, esto me escandaliza. Es cierto que, gracias a las ayudas estatales, el número de pobres y pobres extremos aumentó menos de lo que “debería” haber aumentado. Es cierto que, dentro de la región, somos uno de los países en que este porcentaje tuvo su menor aumento. Pero a mi me parece que es lo menos que el país más rico de América Latina debería hacer por sus habitantes en un contexto tan complicado como el que experimentamos. No voy a caer en el cliché que la mayoría de estas columnas tiene, diciendo que la pobreza tiene cara y no es sólo un número, porque eso yo lo sé, yo lo viví y nadie tiene que venir a enseñármelo. Por eso mismo, es una vergüenza nacional. Cada pobre en el país, hombre, mujer, joven, anciano, nacido acá o inmigrante, de izquierda o derecha, es una derrota para nuestra sociedad. 

Por lo tanto, la recuperación del mercado laboral es vital para revertir estos números. Varias investigaciones concluyen que para disminuir la pobreza y la desigualdad (de lo que hablaremos en otra columna), se tienen que generar más y mejores trabajos, pero también trabajadores capacitados y que cuenten con las condiciones (guarderías infantiles, buen transporte público, etc.) para poder completar aquellas ocupaciones. Esto no sólo es tarea o discurso de los candidatos presidenciales, es una responsabilidad que tenemos todos. 

Nathan Pincheira

Economista Jefe de Fynsa